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La Audiencia acepta el pacto parcial del Barça y sigue la causa contra Laporta y cuatro exdirectivos

Palco23

20 ene 2017 - 11:40

La acción social de responsabilidad que el FC Barcelona presentó contra varios exdirectivos avanza, aunque ahora con menos acusados. La Audiencia Provincial de Barcelona ha admitido el acuerdo que alcanzó el club con varios de los miembros de la junta durante el mandato de Joan Laporta, por el que se desistía de mantener la acusación contra ellos. El proceso, ahora continúa contra el expresidente, así como Rafa Yuste, Elena Fort, Xavier Sala i Martín y Josep Ignasi Macià.

 

Ellos cinco ahora disponen de un plazo de cinco días para recurrir si lo quieren este desistimiento parcial, según ha avanzado la cadena Ser. De hacerlo, las doce personas que aceptaron la propuesta elaborada por el club volverían a ver cómo su patrimonio personal se pone en riesgo si los recursos judiciales les son contrarios. La reclamación ascendía a 47,4 millones de euros, correspondiente a las pérdidas originadas durante el mandato de Laporta tras una reformulación de cuentas de su último ejercicio, que provocó un agujero de 79,6 millones.

 

El acuerdo extrajudicial, que los socios aprobaron en una asamblea extraordinaria, consiste en que el Barça retira el recurso y los exdirectivos afectados también desisten de su impugnación. Además, la aseguradora Zurich abonará 3,2 millones de euros para cubrir las costas del litigio iniciado en 2010 y otros 3 millones como indemnización al club. En este punto, cabe recordar que la junta directiva demandada había firmado una póliza de seguros con esta compañía pocos días antes de que finalizara su mandato.

 

Está por ver cuál será el devenir de todos ellos, una vez se conozca el fallo de la Audiencia Provincial, que es donde todas las partes recurrieron la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 39 de Barcelona. La misma daba la razón a la actual directiva en su decisión de restar a las cuentas de la junta saliente los ingresos que se anotó por la venta de una parcela en Sant Joan Despí que no estaba formalizada (14,6 millones), una prima de Mediapro que debía periodificarse (12 millones) y un juicio contra el jugador Raúl Baena (3,9 millones) que no se había ganado. También avaló que le cargaran la amortización de 8,2 millones de euros por el traspaso de Henry a coste cero.

 

Lo que no aceptó el juez José Manuel Martínez Borrego es que se cargara a los anteriores gestores la depreciación de 11,5 millones a los terrenos de Viladecans (Barcelona). El juez consideraba probado que la pérdida de valor de este activo respondía a la decisión de los actuales directivos de enterrar ese proyecto. Tampoco avala que se provisionaran 3,25 millones por el riesgo de impago de un premio por el concurso de acreedores de Mediapro, ya que entonces también debería haberse realizado lo mismo con el contrato de derechos audiovisuales (140 millones al año). “O era razonable provisionar todas esas cantidades, o no era razonable provisionar ninguna”, sentenciaba.

 

Pero la clave de todo este juicio, y lo que realmente salvó a Laporta y sus directivos de pagar, es un error de la defensa del FC Barcelona en el proceso. El juez decidió no tener en cuenta la provisión de 37,8 millones por el litigio de Sogecable para calcular los números rojos del último año del laportismo. La junta actual desveló durante el juicio que con posterioridad a la reformulación de cuentas se alcanzaron pactos con el operador, entonces ya en manos de Prisa, para rebajar la cifra a pagar con la compensación de saldos pendientes de pago entre las dos partes. Martínez Borrego considera que no quedó “debidamente justificado” el impacto de esas transacciones en la provisión que Rosell cargó a sus sucesores, y por lo tanto no la tiene en cuenta para emitir su fallo.