El Valencia CF busca un pacto amistoso a su reclamación de 25 millones por su fallida ciudad deportiva

El Valencia CF aspira a que 2019 sea el año de cerrar las carpetas inmobiliarias que tiene sobre la mesa desde hace años. El director general del club, Mateu Alemany, ha avanzado hoy que van a promover una serie de encuentros con la Generalitat de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Riba-roja, con el objetivo de encontrar una solución amistosa al futuro de los terrenos de Porxinos. Allí debía construirse una nueva ciudad deportiva y generar grandes plusvalías, hasta que intervinieron los tribunales.

“Existe la obligación por hacerse con esos terrenos, hay interpuestas unas demandas por los cambios del PAI (plan de actuación integrada) y la decisión del club es que vamos a sentarnos para buscar la mejor solución”, ha señalado el ejecutivo. Un giro que pretende poner fin a la demanda presentada en su día contra este consistorio, al que reclamaba 25 millones de euros por incumplirse los acuerdos para construir un recinto deportivo para la cantera y más de 3.000 viviendas.

Meses atrás, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana emitió un dictamen en el que rechazaba esta reclamación económica, equivalente a lo que el club abonó, más los intereses, para que el Ayuntamiento de Riba-roja recalificara unos terrenos no urbanizables de protección agrícola. Así se hizo, pero el Tribunal Supremo suspendió ese plan a finales de 2014. El consistorio, por su parte, ya dejó claro que no piensa pagar y que incluso existe un documento en el que el club acepta no reclamar indemnización.

Los terrenos de Porxinos es donde se iba a construir la ciudad deportiva del Valencia CF

Esa situación ha forzado al club a deteriorar el inmovilizado en casi 17 millones de euros, además de provisionar contingencias legales por 6,2 millones y haber abonado ya 10,5 millones por la regularización de las cuotas de urbanización que habían pagado los propietarios de los terrenos donde se iba a desarrollar el proyecto. Y es que, al fallo judicial, se le unió en abril de 2017 la decisión del Ejecutivo autonómico de tumbar el PAI de Porxinos, por no encajar con la estrategia territorial.

“No es bueno para el Valencia CF tener unos terrenos en los que no vamos a saber qué hacer, ni para el Ayuntamiento llegar a situaciones difíciles”, ha señalado Alemany, consciente de que ningún sentido estratégico tienen unos terrenos en los que inicialmente iba a poder construir 1,1 millones de metros cuadrados entre suelo deportivo y residencial. “Presentaremos una oferta de solución a esas dos entidades y nos gustaría llegar a un acuerdo bueno para todos; nos ponemos un plazo de dos o tres meses para buscar una solución y retirar las demandas que tenemos interpuestas”, ha añadido.

En otro orden de cosas, Alemany ha anunciado que espera cerrar la venta de la parcela de Mestalla a mediados de marzo, varios meses más tarde de lo previsto tras contratar a Deloitte para que pilote el proceso. “Se recibieron muchas ofertas en una primera fase, algunas fueron descartadas y otras pasaron el filtro. Sobre el 5 de marzo hablaremos de las ofertas y entre el 10 y el 15 de marzo sabremos exactamente si hay una oferta que nos satisfaga”, ha dicho. Del dinero que obtengan, y se espera en torno a 100 millones de euros, dependerá la reactivación de las obras del nuevo estadio.