El riesgo que eludió el Barça al pactar con la Fiscalía: los contratos del padre de Neymar

Josep Maria Bartomeu comparece mañana, jueves, para hacer balance de la temporada, y sobre la mesa hay cuestiones importantes como la ausencia de momento de un patrocinador para la camiseta o la renovación de la plantilla. De ahí que el FC Barcelona haya querido descargar a su presidente del pacto con la Fiscalía para cerrar una parte del caso Neymar, con una comparecencia del responsable legal, Román Gómez Ponti, y el abogado Cristóbal Martell. El mensaje: no es un acuerdo deseado, pero es el menos malo.

Martell quiso poner precisión a las explicaciones que dio hace dos semanas el mandatario blaugrana, con el objetivo de dejar claro que en la negociación no se primó evitar el juicio de Bartomeu y su antecesor, Sandro Rosell. "No son cartas que se cambian, porque el principio de legalidad al que están sujetos no puede dejar de acusar a alguien que con arreglo a ley merece ser acusado", ha enfatizado en referencia al papel de la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, y el Ministerio Fiscal.

Sobre Rosell, la explicación parece sencilla: "La ley conduce a no perseguir penalmente a personas físicas por cuestiones que se hayan regularizado", ha explicado Martell, sobre el hecho de que la imputación del expresidente se realizó cuando el Barça ya había presentado la declaración complementaria en febrero de 2014 como gesto de buena voluntad para llegar a un pacto sobre esta cuestión. "Era una discusión en la que teníamos certeza jurídica de que iba a ser así", ha enfatizado.

En el caso de Bartomeu, su exoneración se produce porque en la "celebración anticipada de un juicio ante la soledad de un despacho", como la ha definido el abogado, se ha acordado que en 2014, cuando él ya era presidente, no se produjo ningún delito fiscal. "Pueden ser muchas cosas, pero no un delito fiscal, que es cuando el contribuyente oculta o desfigura bases imponibles", ha argumentado. Aquí, la cuestión radica en que su imputación se basaba por la mala retención de la parte correspondiente a 2014 de los 40 millones que se le pagaron al jugador como indemnización de fichaje.

"Era una cuestión tan técnica, que en las conversaciones llegamos a la conclusión de que ambas posiciones eran razonables", ha ahondado, para recordar que la discusión se basaba en que el club entendió que la retención del IRPF que debía aplicarse era en base a los tipos fijados para no residentes, mientras que Hacienda entendía que no debía ser así porque con el número de días que había vivido en España ya se le podía considerar residente y, por lo tanto, aplicarse una cuota mayor.

Resuelto el caso de los dos dirigentes, y en palabras del propio Martell, la cuestión se ha resuelto con que "el Barça se ha comido responsabilidad tributaria", que podría haber sido mayor respecto a la multa de 5,2 millones por delitos fiscales entre 2011 y 2013 que se ha pactado y se ratificará en los próximos días. De éstos, realmente sólo deberán abonarse unos 1,6 millones porque el resto se liquidó con la complementaria, mientras que de haber seguido adelante la sanción podría haber sido de 22 millones. Además, según Martell, se debería haber presentado un aval de en torno a 60 millones, con las restricciones que podría haber supuesto de cara al mercado fichajes y proyectos como el Espai Barça.

El pacto sorprendió a muchos porque el club sostuvo durante varios meses que iría hasta el final convencido de que tenía la razón. Sin embargo, Ponti ha admitido que cerrar el tema también ha ayudado a que el club evite ser juzgado por simulación contractual en los diversos acuerdos firmados para la búsqueda de patrocinios o scouting de futbolistas en Brasil, entre otros. "Hay un señor que tiene que decidir si un contrato se corresponde con la realidad. Había un riesgo cierto, muy alto, de que no se lo creyera. Veíamos que desde el Barça había riesgo de perder el pleito", ha admitido.