El Madrid cumple con la CE y devuelve los 20,3 millones al Ayuntamiento

El Real Madrid va a seguir litigando en los tribunales, pero mientras tanto hoy ha hecho efectivo el pago de 20,3 millones de euros que tenía que realizar al Ayuntamiento de Madrid, después de que la Comisión Europea (CE) fallara que el club se había beneficiado de ayudas públicas en una operación urbanística.

"La recepción de este pago se notificará hoy, viernes 4 de noviembre, a la CE dando por cumplida la obligación del Ayuntamiento de instar al cobro", ha informado el gobierno municipal, que a principios de septiembre solicitó la devolución del dinero, ya que de no haberlo hecho se habría enfrentado a una nueva sanción de Bruselas. Se trata de 18,4 millones de euros que considera que el club recibió en su día, así como los intereses generados.

"Las actuaciones del Ayuntamiento vienen derivadas del fallo de la Comisión de 4/7/2016 relativa a la ayuda estatal concedida al Real Madrid", insiste el consistorio, quien añade que en dicho fallo se indicaba que "en octubre y noviembre de 2011, artículos aparecidos en la prensa e información enviada por los ciudadanos llamaron la atención de la Comisión sobre presuntas ayudas estatales en favor del Real Madrid Club de Fútbol (en lo sucesivo, «el Real Madrid»), concedidas en forma de ventajosa transmisión de bienes inmuebles".

El caso se refiere a un convenio de 1998 relativo a una cesión de terrenos del Consitorio, entonces gobernado por el PP, al Real Madrid. Finalmente, la cesión no se produjo  y se decidió compensar al club tras una nueva tasación de los terrenos, que situaba su valor en 22,7 millones, frente a los 595.000 euros fijados en 1998. En cambio, la Comisión Europea considera que el valor real era de 4,3 millones, por lo que deberá devolver la diferencia al ejecutivo municipal.

El club, que ya tenía provisionada esta cuantía, anunció que recurriría. En su opinión, “el método de valoración usado en el citado Convenio es el único método objetivo, ya que está basado en el valor catastral, legalmente obligatorio para todos los Ayuntamientos españoles y, por tanto, se aplica en todo tipo de transacciones entre Ayuntamientos y terceros, sean estos de naturaleza pública o privada”.