El juez rechaza la suspensión cautelar de las elecciones presidenciales de Osasuna

La reelección de Luis Sabalza como presidente de CA Osasuna ahora ya no sólo tiene el respaldo de los socios, sino también de la Justicia. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pamplona ha denegado las medidas cautelares que solicitaba Juan Ramón Lafón, aspirante al cargo y cuya candidatura no prosperó por la falta de un aval económico que encajara con los requisitos que establecen los estatutos del club.

El empresario, que contaba con el apoyo del expresidente de la SD Eibar Alex Aranzabal, pedía suspender el acuerdo de la junta electoral del 13 de noviembre de 2017. Sin embargo, el juez absuelve a la entidad deportiva y deniega su concurrencia como candidato. En los fundamentos de derecho, y tal y como indicaba el órgano gestor del proceso, se recuerda que el aval debe ser concedido por “cualquier entidad de crédito, banco o caja de ahorros registrada en el registro de entidades del Banco de España”, mientras que el financiador de Lafón “no consta registrada en el Banco de España".

En su argumentación, añade que el preaval, además de no concretarse si se convertía en aval en caso de ganar las elecciones, ya expiró el 20 de noviembre. Y concluye: "Lo que supone que el preaval presentado tampoco cumple el requisito objetivo, el subjetivo, es claro, no discutido, no lo cumple".

El auto zanja que, a parecer del juez, “se pretende una nueva convocatoria electoral, con unos estatutos nuevos en los que los candidatos, incluido el demandante, pueda postularse, de nuevo, para el cargo de presidente del Club". Y prosigue: "Las pretensiones tienen un carácter declarativo (…) pero ello no supone, que se trate, en término de algunas resoluciones judiciales de meras declaraciones platónicas de intenciones”.

En relación a los estatutos sociales del Club Atlético Osasuna, la resolución también expone: "Así pudiera considerarse la potencial competición para la presidencia, que en la mitad del partido, se cambien las reglas del juego". Y afirma: "Lo que supone tal pretensión es que se hace tabla rasa de los derechos democráticos de los socios de participar en el contenido de los estatutos".