El Betis renovará su consejo de administración tras el desbloqueo de las acciones de Lopera

El Real Betis ha convocado una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 23 de septiembre, con el único objetivo de renovar el consejo de administración. La decisión se ha tomado después de que la Audiencia Provincial de Sevilla aprobara el viernes el levantamiento, con efectos del 31 de julio, de las medidas cautelares que pesaban sobre las acciones de Manuel Ruiz de Lopera, titular del 51% de los títulos.

Ahora bien, Luis Oliver ya ha advertido de que litigará si es necesario para hacerse con el control de ese paquete accionarial. Bitton Sport, sociedad del exdueño del Xerez, asegura que esa resolución judicial le permite ser “propietaria en pleno dominio de un paquete de acciones compuesto por cincuenta y nueve mil novecientas veinticinco (59.925)”. ¿Por qué? Pues porque la compraventa de los títulos se escrituró el 6 de junio de 2010, mientras que la prohibición de disponer de las acciones del Betis a Lopera se impuso el 10 de julio de ese mismo año.

"Ni Farusa ni Bitton Sport, las dos compañías que se atribuyen la propiedad del 51% de las acciones del Betis, han solicitado la entrada de ningún consejero por cooptación", ha advertido hoy Juan Carlos Ollero, presidente del Betis por designación de los administradores judiciales. En cualquier caso, esas peticiones no se podrán realizar hasta el 31 de julio, momento en el que se levanta el embargo sobre las acciones de Lopera y en el que dejará de tener poderes reales los actuales dirigentes.

Oliver confía en un pronunciamiento previo del Consejo Superior de Deportes (CSD), instancia a la que ya ha remitido el auto de la Audiencia Provincial. "De esta forma, el CSD inscribirá de inmediato y de manera automática la compraventa en su libro de registro, único requisito que faltaba desde 2010 (por esta suspension cautelar ahora levantada) para lograr la pacífica posesión de las acciones del Real Betis por parte de Bitton", según el empresario, al que la administración concursal también pedía considerar culpable del concurso de acreedores solicitado en octubre de 2010.

El empresario quiere una transición tranquila con el actual consejo de administración, sin poner en discusión la figura de Pepe Mel como entrenador ni Rubén Castro y Jorge Molina como pilares fundamentales del equipo. También propondrán al resto de accionistas relevantes estar presentes en el máximo órgano de gobierno.

En la actualidad, junto a Ollero, en el mismo figuran: José Montoro, notario y accionista desde la conversión en SAD; Fransico Estepa, administrador judicial de las acciones de Farusa; José Miguel López, emprendedor y tercer máximo accionista del Betis tras comprar un 3,8% del capital a Rufino González; Tomás Solano, arquitecto por la Universidad de Sevilla; Ernesto Sanguino, accionista del club y socio-fundador del despacho Sanguino y Asociados Abogados; Ángel Haro, quinto máximo accionista del Betis y presidente del grupo energético Wingenia; José María Pagola, censor jurado de cuentas; José Moreno, profesional de la hostelería; Pedro Pablo García, responsable de la Unidad de Nutrición del Hospital Universitario Virgen del Rocío, y Adrián Fernández, miembro de la familia propietaria del cuarto paquete accionarial más importante.

Suspensión de pagos y saneamiento de cuentas

La entidad verdiblanca solicitó la antigua suspensión de pagos en octubre de 2010, justo después de que se formalizara la compraventa de acciones entre Lopera y Oliver. En junio de 2012, los acreedores aceptaron una quita del 50% que situaba la deuda ordinaria en 24 millones de euros. Los compromisos con la Administración (Agencia Tributaria y Seguridad Social) se mantenían en 30 millones de euros. Pese a ello, el Betis ha seguido tutelado judicialmente hasta hoy por el embargo de las acciones de Lopera.

Al cierre de la temporada 2013-2014, la deuda concursal a largo plazo se situaba en 16,3 millones de euros. Este tipo de compromisos a corto plazo se reducía a 3,25 millones. Además, existían otros acreedores comerciales a los que hay que abonar aún 8,89 millones.