¿Cómo pueden afrontar los clubes el 'lunes negro' del fútbol español?

El black tuesday fue el concepto que se acuñó para definir en 1929 el inicio de una de las peores semanas de Wall Street. Salvando todas las distancias, el fútbol español vivió ayer su propio black monday o lunes negro, después de que en menos de doce horas se tomaran decisiones judiciales o normativas con un impacto global de más de 100 millones de euros para siete clubes que militan La Liga, La Liga2 o Segunda B. Los gabinetes y asesores jurídicos ya han empezado a trabajar, y los expertos consultados por Palco23 apuntan cuáles podrían ser las consecuencias.

El caso más grave es el del FC Barcelona. El club comunicó el lunes a última hora de la noche que un laudo del Tribunal Arbitral de Barcelona le insta a "deshacer la operación realizada en 2005", por la que cobró 35,4 millones de euros a cambio de una parcela de 10.000 metros cuadrados en la zona de Can Rigalt (L'Hospitalet de Llobregat). Además, le impone unos intereses legales que elevan a 47 millones de euros el importe a abonar a la inmobiliaria La Llave de Oro.

El primer interrogante es cómo impactará en la economía del club esta situación. La junta directiva se limitó anteayer a comentar que estaban trabajando en los efectos del laudo, aunque todo apunta a que ese importe deberá registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias como un gasto extraordinario. Además, el golpe será mayor porque desde que se inició el laudo hace tres años no se había provisionado cuantía alguna.

Esto podría suponer la entrada en números rojos de no mediar un beneficio neto récord en la historia reciente del club, ya que la previsión para el ejercicio 2015-2016 apuntaba a un beneficio de 20 millones, en línea con la media de lo obtenido en la última década; sólo en la 2011-2012, con 48,8 millones, se lograron unas ganancias superiores al importe a pagar ahora.

La legislación actual acepta que en determinados casos este tipo de circunstancias se carguen contra reservas, como hizo el Atlético de Madrid, aunque eso le costó una salvedad del auditor. Sin embargo, Miguel Duro, profesor adjunto en el Departamento de Contabilidad y control IESE, explica que "la primera aproximación, si tuviera todos los elementos de juicio, apunta a que debería cargarse a la cuenta de resultados".

En su opinión, esta fórmula que permitiría evitar el impacto en las cuentas sólo se permite cuando "hay un cambio de criterio contable o un error en la interpretación de la normativa". También está permitido cuando "hay un cambio de estimaciones contables, por ejemplo, al cambiar de cinco a diez años el período de amortización" de un activo.

En idéntica línea se expresa la economista de una Big Four, que apunta a que esta opción sólo es posible si se admite que ha habido un error, como le pasó al Atleti porque no había provisionado nada pese a que ya se habían producido fallos desfavorables a sus intereses antes de que resolviera el Tribunal Supremo. En cambio, en el caso del Barça, el laudo arbitral ha sido la primera decisión en la que se explicita que debe pagar ese dinero y, además, no cabe recurso.

La misma opinión sostiene un economista que trabaja con diversos clubes de España y que prefiere no desvelar su identidad. Y, además, añade otra respuesta a un interrogante adicional. "Sin ninguna duda, este impacto lo deberá contabilizar en las cuentas de la temporada 2015-2016 como hechos posteriores al cierre". En su opinión, pese a que la resolución del laudo haya podido llegar pocos días después del final del ejercicio, Deloitte debería requerir que se incluya en las cuentas porque el hecho se ha producido antes de la emisión del informe de auditoría y afecta a la realidad.

Todo dependerá de la interpretación que se haga de las normas que emanan del Plan General Contable. La Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 10 establece que "la empresa debe proceder a ajustar los importes reconocidos en sus estados financieros" cuando haya la "resolución de un litigio judicial", aunque está por ver si se acaba considerando que el laudo tiene esta misma calificación.

De hecho, la propia vicepresidenta económica, Susana Monje, confirmó ayer por la noche que "no tengo ninguna duda de que se tendrá que incorporar a la contabilidad de la 2015-2016, evidentemente". En cambio, sí dejó más abierto cómo se contabilizará este impacto.

En cualquier caso, el principal problema para el Barça no es tanto en qué ejercicio computa el impacto de esta decisión, sino cómo la afronta. Es decir, cuestión de tesorería. Ha sido uno de los principales problemas de la actual junta directiva de Josep Maria Bartomeu por el fuerte esfuerzo en mejorar los salarios del primer equipo, y este pago, en función de cómo se pacten los plazos, podría exigir reducir la inversión en otras partidas, como la de fichajes.

Además, si no hay suficiente liquidez para pagar debería recurrirse a endeudamiento, después de que este año se haya logrado encauzar la situación y, después de una temporada 2014-2015 de cierto descontrol, se lograra rebajar la deuda neta de 328 millones a 290 millones de euros. Ello también podría acabar impactando en los cumplimientos de ratios fijados por estatutos, aunque la mejora de ingresos prevista para el próximo curso no hace prever nuevos peligros en este sentido.

Por otro lado, sí se anotará una mejora del activo, ya que esos terrenos volverán al balance blaugrana. Eso sí, lo harán seguro a un valor muy inferior al que devolverán, puesto que esos 35,4 millones se cobraron previendo que el Ayuntamiento de L'Hospitalet daría los pasos necesarios para que los terrenos tuvieran la calificación necesaria para poder construir allí viviendas. De hecho, el Barça tiene concedido un valor de 975.000 euros a la parcela que mantenía en propiedad en esta zona, pese a representar el 70% del suelo edificable que poseía. Es decir, que ese 30% que ahora recupera no alcanzará el millón.

El estallido de este problema ha dejado en casi anécdota la decisión de la Comisión Europea (CE) de reclamarle hasta 5 millones de euros por una supuesta ventaja fiscal al haber estado pagando desde 1990 menos por Impuesto de Sociedades por ser un club social y no una SAD. Esta medida también afecta a Real Madrid, Athletic Club y CA Osasuna. Además, el conjunto madridista debe devolver 18,4 millones al Ayuntamiento de Madrid por una operación urbanística y Valencia CF (20,4 millones), Hércules CF (6,1 millones) y Elche CF (3,7 millones) por los avales del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para obtener financiación más barata.

Irene Moreno-Tapia, consejera de Competencia de Cuatrecasas, recuerda que no se trata de multas, sino "una investigación al Reino de España que concluye que han habido ayudas contrarias al mercado interior". Eso sí, ya anuncia que "es improbable que haya medidas cautelares" y que "los recursos no tienen efectos suspensivos". Es decir, que al haberse conocido la decisión y, más allá de que recurran, deberán provisionar si no lo habían hecho ya el importe a pagar.

El Real Madrid aseguraba en un comunicado que este importe ya estaba dotado en su totalidad, por lo que su único problema será a efectos de tesorería una vez el Estado inste la devolución del dinero. En este sentido, Moreno-Tapia recuerda que "lo que no puede hacer el Reino de España es decir que no van a ejecutar la decisión", ya que Bruselas podría iniciar otro procedimiento contra el Gobierno por el incumplimiento de las decisiones de la CE.

En los casos del Impuesto de Sociedades, será la Agencia Tributaria la que ahora calcule cuánto debe pagar cada club, aunque la abogada recuerda que esto podría derivar en nuevos procedimientos a nivel nacional, ya que se iniciarán actas administrativas que pueden recurrirse. También está por ver qué pasa con el caso del Valencia CF, ya que ella confirma que en determinados casos se admite una ayuda pública si sirve para garantizar la viabilidad de una empresa y su paso a un inversor privado. Sin embargo, como se desprende de las primeras conclusiones, el problema es que no hubo un plan de viabilidad previo a la ayuda.

En este sentido, el director general del IVF, Manuel Illueca, explicó ayer en declaraciones a Levante TV que "a la hora de aplicar estas decisiones uno tiene el margen necesario para matizar en cuanto al aplazamiento de los pagos". De esta manera, abría la puerta a que el impacto contable no se traduzca en una obligación de endeudamiento inmediato, permitiendo que el dinero que los tres equipos de la comunidad autónoma deben devolver se pueda fraccionar en varias temporadas.

La experta de Cuatrecasas, por su parte, añade que el Gobierno podrá recurrir directamente al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), mientras que los clubes, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y el Ayuntamiento de Madrid podrán personarse primero en el Tribunal de Justicia de la UE, y su resolución podría llevarse después a la TGUE si no están conformes. "Podría irse a los dos años", estima en base a su experiencia en este tipo.