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CF Reus: oxígeno de LaLiga para evitar la fuga de jugadores a la espera de sanción

La competición abonará las tres nóminas impagadas a la plantilla para frenar una fuga de jugadores que afectaría a la competitividad de LaLiga 1|2|3. El juez de disciplina será el que dirima el futuro del club ante la acumulación de expedientes. El descenso administrativo es una posibilidad.
10 Dic 2018 — 04:58
M.M.A.
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CF Reus: oxígeno de LaLiga a la espera de la resolución de expedientes

 

 

“Seguimos con nuestra pelea”. “Esta victoria es muy importante para nosotros”. “Victoria de equipo en mayúsculas”. Pero también un “gracias a toda la AD Alcorcón por la comprensión de nuestra situación”. Así se manifestaban ayer los jugadores del CF Reus tras ganar por 0-1 al líder de LaLiga 1|2|3 en la víspera de un día para clave para ellos. Hoy se les asegurará el cobro de las tres últimas nóminas, pero de quien sea el pagador dependerá, y mucho, el futuro del club catalán. El descenso administrativo está más cerca de ser una realidad que una hipótesis.

 

Hoy se cumplen tres meses de impagos, momento en el que los jugadores pueden solicitar la rescisión de su contrato para fichar libremente por otra entidad. Nadie sabe si Joan Oliver, máximo accionista y director general, habrá encontrado los recursos necesarios para afrontar por su cuenta estos compromisos en las próximas horas. De lo contrario, será LaLiga la que actúe para evitar una fuga de futbolistas que desvirtúe la igualdad de la competición durante lo que resta de temporada.

 

Al contrario de lo que se había dado entender, hoy no sería el club el que pague con el dinero de su inscripción en la gestora del fútbol profesional, sino que lo hará la patronal a través de los mecanismos establecidos en el convenio colectivo que en 2015 se firmó con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). De esta manera, los jugadores tendrán asegurado el cobro de sus nóminas durante lo que resta de 2018-2019, tiempo suficiente para que el juez de disciplina resuelva los expedientes que acumula el CF Reus desde este verano. Las sanciones podrían ir desde multas económicas hasta el descenso administrativo, en función de la gravedad de los incumplimientos que haya cometido.

 

 

 

 

La estrategia de la patronal que preside Javier Tebas es permitir que el equipo rojinegro pueda competir durante toda la campaña, ya que abonando las nóminas se desactiva el derecho de los jugadores a marcharse gratuitamente a otro equipo. El convenio colectivo no establece quién debe ser el pagador, por lo que bastaría con que no haya deudas vencidas. Ése era el principal riesgo que existía, pues hasta doce futbolistas podrían haberse acogido a este derecho, abocando al Reus casi directamente a la descalificación por falta de efectivos.

 

“Es una situación de intranquilidad porque no saben qué va a pasar con el club”, lamentaba la semana pasada Diego Rivas, vicepresidente de AFE, tras reunirse con la plantilla. Y lo cierto es que nadie sabe cuál es el futuro que espera al Reus, aunque no sería la primera vez que LaLiga desciende administrativamente a un participante por sus incumplimientos. El caso más destacado fue el del Elche CF, en un proceso que sirvió para que la justicia ordinaria también avalara los mecanismos de control económico.

 

Este escenario de incertidumbre no deja de ser un contratiempo para Oliver, quien públicamente ha asumido que está negociando en una posición de debilidad: todos los potenciales inversores saben de las urgencias económicas del club y que su futuro más inmediato podría estar en Segunda B y no en LaLiga 1|2|3, con la rebaja de valoración que eso supondría.

 

 

 

 

El también ex director general del Barça anunció a finales de octubre la presentación de preconcurso de acreedores por parte del Reus, tras acumular seis millones de euros en pérdidas desde su ascenso al fútbol profesional. Su intención es renegociar una deuda que asciende a cinco millones de euros, mayoritariamente con futbolistas, al tiempo que buscaba un inversor que aportara un mínimo de 2,5 millones de euros. En las últimas semanas se filtró unas supuestas negociaciones con un inversor de Oriente Medio, pero el Diario de Tarragona aseguró este fin de semana que esas conversaciones se habían roto. 

 

El club concluyó 2017-2018 con unas pérdidas de 983.000 euros, por lo queacumula unas pérdidas de 5,6 millones de euros al cierre del último ejercicio. En esas cuentas, a las que tuvo acceso Palco23, se refleja que toda la deuda del equipo de fútbol es a corto plazo, con 3,1 millones de euros comprometidos con la banca. Además, hay otros 863.000 en compromisos financieros con terceros, 500.000 euros con Hacienda y 323.000 euros con los propios futbolistas.

 

Esta “delicada” posición económica, como admitió Oliver, es la que ya obligó a LaLiga a intervenir este verano. Entonces se aceleró la apertura de expedientes al equipo, que intentó incumplir los límites de gasto salarial impuestos e incluso provocó que algunos jugadores se quedaran sin ficha al cierre de mercado pese a las advertencias de que no podría inscribirlos. Y ahí está su principal riesgo: la acumulación de expedientes que podrían pesar más que cualquier goleada.

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