La Rfef, condenada a pagar un millón a Mediapro por el Mundial de Brasil

Mediapro ha conseguido que la Justicia le dé la razón en su litigio con la Real Federación Española de Fútbol (Rfef). El Juzgado de primera instancia número 5 de Majadahonda ha resuelto a favor del grupo audiovisual, que reclamaba al organismo presidido por Ángel María Villar el cobro de los servicios prestados por la construcción y la gestión de un media center durante el Mundial de Brasil, que se celebró en 2014.

Como ya adelantó Palco23, la compañía reclamaba el pago de 893.521,6 euros, pero la sentencia finalmente ha elevado la sanción a 1,032 millones de euros, entre importes adeudados e intereses. En su memoria anual, el ente federativo admitía las "altas probabilidades de que finalmente haya que hacer frente al pago de la cuantía resultante de dicha reclamación”, aunque aún así se optó por no provisionar cuantía alguna.

Mediapro ha desvelado que la Rfef "esgrimía que la responsable del proyecto carecía de poder suficiente para suscribir el contrato como razón suficiente para no abonar parte del importe por los servicios prestados". Aún así, se realizaron los dos primeros pagos previstos antes de dejar de hacer frente a los compromisos adquiridos. "Según el juez está suficientemente acreditado la contratación, la aceptación del importe y la existencia de un débito al que la federación debe hacer ahora frente", comenta el grupo audiovisual en un comunicado.

No es el único contencioso en el que se ha decidido no provisionar nada, ya que tampoco se ha dotado ni una sola parte de los 1,66 millones que le pide Seyer Gestión, por lo que consideran un incumplimiento de contrato para la explotación comercial de la Primera División del fútbol femenino. El caso, que se sigue en la sala número 8 del juzgado antes mencionado, se encuentra pendiente de sentencia y, a diferencia de lo que sucede con Mediapro, los asesores legales de la Federación creen que “las condiciones establecidas contractualmente no justificaban el planteamiento de la misma”.

El importe de mayor cuantía que tampoco se decidió dotar, como ya se apuntaba ayer, es el de 5,442 millones de euros, correspondiente a las subvenciones nominativas que el Consejo Superior de Deportes (CSD) le exige reintegrar porque las inversiones realizadas no se ajustan a las bases reguladoras de las ayudas. La Federación, que ya ha visto como el organismo gubernamental le desestimaba los recursos de reposición interpuestos, considera que “cumple con todas las condiciones” y asegura “tener motivos fundados para estimar un fallo a favor” de sus intereses.