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¿Tiene motivos AFE para convocar una huelga?

08 May 2015 — 05:00
Marc Menchén
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La Liga presentará hoy una demanda ante la Audiencia Nacional contra la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la Real Federación Española de Fútbol (Rfef). La patronal de clubes considera que la huelga es ilegal y está decidida a evitar que el fútbol profesional se paralice a falta de dos jornadas. "Tengo que pensar que habrá fútbol el 16 de mayo", confió Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD). Sin embargo, Luis Rubiales compareció ayer junto a 60 futbolistas para advertir que no saltarán al terreno de juego si no se cambia el Real Decreto Ley de venta centralizada de derechos de televisión.

 

Luis Rubiales, presidente de AFE, acompañado de Luis Gil, gerente del sindicato, y otros 60 jugadores.
Luis Rubiales, presidente de AFE, acompañado de Luis Gil, gerente del sindicato, y otros 60 jugadores.

 

"Tenemos razón y nos sentimos fuertes", enfatizó el exjugador de la UD Levante, acompañado del gerente de AFE, Luis Gil, y de jugadores de primer nivel como Iker Casillas, Xavi, Sergio Ramos, Andrés Iniesta y Gerard Piqué. Pero también por sesenta jugadores que representaban a los 8.000 afiliados que tiene en el fútbol español. "Decidimos parar no como medida de fuerza; sí como defensa a lo que entendemos es un ataque a nuestros derechos", dijo. Pero, ¿tienen realmente motivos para ir a la huelga?

 

 

 

Fuera de la negociación del nuevo modelo y del organismo de control

 

AFE considera que "se ha excluido" al colectivo de la negociación del nuevo modelo de venta centralizada de los derechos de televisión. Si bien es cierto que los ingresos por televisión corresponde a los clubes, el sindicato de jugadores defiende que "somos actores importantes porque ayudamos a generar estos ingresos". "No podemos estar de acuerdo con que esto lo regule solo una parte. No han querido que participáramos", criticó ayer Rubiales.

 

En este sentido, y más allá de no haber participado en la negociación del Real Decreto Ley, lo que también critican es que no se les incluya en el organismo de control sobre el reparto de ingresos, donde sí tendrán voz pero no voto el CSD y la Rfef. También se invitará a asistir a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, como principales acreedores, un argumento que también debería valer para los futbolistas si se atiende a los numerosos impagos que acumulan algunos de ellos y las quitas que han aceptado en muchos casos para evitar la disolución de equipos.

 

En su contra, cabe recordar que los jugadores no dejan de ser empleados de los clubes, que son los titulares de los derechos audiovisuales y los que deben negociar los importes a percibir por cada uno. Es decir, que los jugadores deben preocuparse de que, una vez su club obtiene los ingresos extra que en principio generará el nuevo modelo, liquide las deudas existentes con el gremio y actualice salarios si es necesarios.

 

En cuanto a que su nombre no aparezca en el Real Decreto Ley, añadir que todos las centrales sindicales al uso, como UGT o CCOO, se financian con las cuotas de sus afiliados, las subvenciones que reciben en base a su representación sindical y otras ayudas finalistas. Es cierto que el CSD no estaría dando ninguna subvención, ya que en el fondo ese 1,5% que gestionará es dinero de los clubes que ceden voluntariamente, pero AFE no debería tener ningún inconveniente en recibir el dinero por una vía u otra.

 

En cualquier caso, es probable que la intención del organismo estatal sea que, mientras no se culmine el proceso de saneamiento de los clubes deportivos, pueda tener el control de un dinero que en el fondo acabarán gestionando sindicatos y colectivos. Eso sí, tras la firma de convenios "en los que se establezcan los criterios de gastos, objetivos y mecanismos para justificar cada partida.

 

 

 

Falta de equidad entre Primera y Segunda División, ¿es así?

 

El Real Decreto Ley establece que un 3,5% de todos los ingresos por televisión se repartirá entre LFP, Rfef y CSD, mientras que otro 3,5% se destinará a los clubes que desciendan a Segunda División o Segunda B. Del 93% restante, un 90% se destinará a los clubes de Primera División y el 10% restante a Segunda. "Pedimos menos diferencias en el reparto, como sucede en Europa", dijo Rubiales. Lo que el dirigente sindical no desveló es que estos nuevos porcentajes son más equitativos que los actuales. Los equipos de la Liga Adelante sólo obtuvieron un 7% de la factura por retransmisiones de la LFP, según consta en la memoria económica de la temporada 2013-2014; es decir, que mejorarían su parte del pastel en tres puntos porcentuales.

 

AFE, sin embargo, estaría por la labor de acercarse al modelo de la Budesliga o la Ligue-1 de Francia, donde el reparto entre las dos principales categorías del fútbol profesional está en torno al 80-20. En cualquier caso, y de ahí, la denuncia de la LFP ante la Audiencia Nacional, el sindicato está paralizando el fútbol por una cuestión que, si bien le afecta, no le compete. De hecho, que la LFP haya valorado positivamente el nuevo reparto quiere decir que los propios clubes de Segunda ven con buenos ojos el porcentaje que les corresponde.

 

 

 

El sindicato perdería el control del dinero, la verdadera clave

 

AFE reclamaba un 0,5% de los ingresos para el sindicato, una petición que no ha sido atendida. El texto legislativo establece que los clubes ceden un 1,5% de sus ingresos al CSD, que lo repartirá en un 1% a los deportistas profesionales de deportes minoritarios y en un 0,5% a todo el fútbol modesto y colectivos más débiles, como árbitros, entrenadores o preparadores físicos.

 

Es decir, la entidad presidida por Luis Rubiales pierde el control sobre una parte de los fondos que ahora se destinarán directamente a que los clubes de Segunda División B y la Primera División femenina. Con ese dinero, deberán estos equipos deberán "financiar el pago de las cuotas empresariales correspondientes a la contratación de deportistas y entrenadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, así como a las deportistas y entrenadores para financiar el pago de las cuotas del trabajador".

 

Miguel Cardenal (CSD), Luis Rubiales (AFE) y Javier Tebas, en una imagen de archivo.
Miguel Cardenal (CSD), Luis Rubiales (AFE) y Javier Tebas, en una imagen de archivo.

 

"Estamos pidiendo que se destine un porcentaje directo", señaló Vicente Blanco, vicepresidente de AFE. En este sentido, aseguró que los sindicatos de futbolistas perciben en torno a un 1% de los ingresos televisivos en Reino Unido y Francia, lo que se traduce en unos presupuestos de 23 millones y 7 millones de euros, respectivamente.

 

AFE gestiona actualmente un presupuesto de 4,8 millones de euros anuales, que prácticamente se nutre de las aportaciones de la LFP. Se desconoce si, con la entrada en vigor del nuevo modelo de venta de derechos, se mantendrían en paralelo las ayudas de La Liga al fondo social.

 

A tenor del precio de las cuotas (entre 18 euros y 120 euros), los afiliados ni siquiera estarían aportando un millón de euros. En este sentido, es reseñable que un jugador de Primera División estaría realizando la misma aportación anual al sindicato que la que realiza un militante de base de UGT o CCOO, pese a las evidentes brechas salariales existentes.

 

 

 

Mayor control de la LFP en el control del campeonato

 

En relación a la pérdida de control sobre una parte del dinero que hasta ahora gestionaban, AFE también criticó que el Real Decreto Ley de venta centralizada de derechos de televisión aproveche para cambiar la Ley del Deporte. Como adelantó Palco23 este lunes, el cambio legislativo da más poder a las competiciones (véase LFP o ACB) y se asegura la cobertura legal necesaria para que puedan aplicarse descensos administrativos en caso de incumplimiento de las normas internas de cada organización. "Es muy grave porque permite a La Liga sancionar en el fútbol como ellos quieran", lamentó Rubiales.

 

Esta medida pretende evitar que los clubes recurran ante la Justicia las decisiones que se adopten en el seno de la competición, ya sea un descenso administrativo de categoría por no adoptar las reglas de control presupuestario o prohibir la inscripción de un jugador si ese club sobrepasa el techo de gasto permitido por la LFP para asegurar que no se entra en pérdidas, como sucedió con el Getafe y el jugador Pedro León.

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