Caso Negreira: el juez imputa a Joan Laporta por cohecho y corrupción deportiva

El Caso Negreira es ya un huracán en Barcelona. El magistrado Joaquín Aguirre ha imputado a Joan Laporta por los pagos al expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, según avanzan varios medios.

El juez le atribuye al actual presidente de FC Barcelona los mismos delitos que a Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu: cohecho, corrupción deportiva, administración desleal y falsedad en documento mercantil.

En el auto, el magistrado amplía la condición de investigados a todos miembros de la junta directiva que acompañaba a Joan Laporta entre 2008 y 2010 y que desempeñaran “una responsabilidad efectiva en la toma de la decisión de efectuar los pagos presuntamente ilícitos” a Enriquez Negreira y a su hijo, Javier Enriquez Romero.

La Fiscalía considera que los pagos que FC Barcelona efectuó al expresidente del CTA y a su hijo durante el mandato de Laporta (2003-2010) son delictivos y no han prescrito, al considerarse un delito por cohecho continuado. En este caso, la prescripción es a partir de diez años desde la última infracción penal y el último pago del Barça a la familia Negreira fue en 2018.

El pasado 10 de octubre, el juez afirmó que Joan Laporta, del mismo modo que Rosell y Bartomeu, pagó al expresidente del CTA, aunque en ese momento, Joaquín Aguirre consideró que no se podía atribuir ningún delito al actual presidente blaugrana “no por razones atinentes a la antijuridicidad de los actos cometido, sino por la aplicación de las reglas de la prescripción delictiva”.

El juez del Caso Negreira atribuye a Joan Laporta los delitos de cohecho, corrupción deportiva, administración desleal y falsedad en documento mercantil

El pasado 28 de septiembre, el juez imputó a FC Barcelona por cohecho, tras considerar que los pagos al expresidente del CTA constituían un presunto delito. El cohecho exige que un funcionario o autoridad pública solicite dinero o alguna compensación para tomar una decisión injusta en el ámbito de sus competencias. En el Caso Negreira, no sólo existió una solicitud de dinero por el expresidente del CTA, sino que está demostrado que el desembolso por parte de FC Barcelona existió.

El pasado 10 de marzo, la Fiscalía presentó una denuncia contra el conjunto presidido actualmente por Joan Laporta y varios exdirectivos, acusando a las partes de haber cometido presuntamente los delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental.

En abril, el Consejo Superior de Deportes (CSD) presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona para personarse de forma oficial en el Caso Negreira, siguiendo los pasos de LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) y Real Madrid CF.

El 17 de abril, Joan Laporta compareció en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou ante los medios para dar explicaciones sobre el Caso Negreira. “El Caso Negreira no es ningún delito de corrupción deportiva”, destacó el directivo. El presidente afirmó que es una campaña de desprestigio institucional a través de afirmaciones difamatorias “que no tienen nada que ver con la realidad”.

Según los cálculos de la Fiscalía, Negreira se embolsó, presuntamente, más de 7,3 millones de euros

En mayo, FC Barcelona solicitó ser admitido como acusación particular en el Caso Negreira y tener, de este modo, la doble condición de investigado y de acusación particular. Pero, en junio, la Fiscalía se opuso a la personación del conjunto blaugrana en el caso, alegando que en el caso de la entidad presidida por Joan Laporta era incompatible ejercer la acusación al mismo tiempo que dispone de la condición de investigado.

Según los cálculos de la Fiscalía, Negreira se embolsó, presuntamente, más de 7,3 millones de euros, por lo que busca resolver porque el club pagó grandes sumas de dinero al que entonces era el vicepresidente del Comité técnico de Árbitros (CTA). La investigación ha acreditado pagos desde 2001, aunque todo apunta a que la operativa comenzó en los años 90, durante la presidencia del fallecido Josep Lluís Núñez. La Fiscalía considera que hay indicios de un delito de corrupción en los negocios cometido por el club.