El Barça aprueba retirar la demanda contra 11 exdirectivos y cobrar 6,2 millones de Zurich

El FC Barcelona podría cerrar pronto uno de los frentes legales que más división ha provocado entre los socios. La asamblea de compromisarios ha ratificado hoy, con 328 a favor, 24 en contra y 24 abstenciones, la propuesta de la junta directiva de retirar la acción social de responsabilidad que en 2010 presentaron contra el expresidente Joan Laporta y su equipo. No es el acuerdo esperado, ya que el mismo dirigente y otros cinco exdirectivos han rechazado el pacto, por el que se retiraba la acusación contra ellos y Zurich asumía el pago de 6,2 millones de euros.

El presidente actual, Josep Maria Bartomeu, ha desgranado las claves del acuerdo, consistente en que el club retira el recurso y los exdirectivos afectados también desisten de su impugnación. Además, la aseguradora abonará 3,2 millones de euros para cubrir las costas del litigio iniciado en 2010 y otros 3 millones como indemnización al club. En este punto, cabe recordar que la junta directiva demandada había firmado una póliza de seguros con esta compañía pocos días antes de que finalizara su mandato.

"Se ha propuesto hacer este acuerdo con todas las partes implicadas, en las que todos renunciamos al recurso que hizo el club y todas las partes porque no confortó a nadie", ha señalado, en referencia a la sentencia que eximía a los demandados de abonar ninguna indemnización porque, a su entender, no se había acreditado que el periodo 2003-2010 se cerrara con pérdidas, ya que el club no justificó toda la documentación, en especial sobre las provisiones por el litigio con Sogecable.

"Es bueno para todas las partes y no busca proclamar vencedores o vencidos. Se trata de cerrar el tema. Ganamos todos, sobre todo el Barça", ha enfatizado Bartomeu, que no ha querido entrar a valorar por qué no se han adherido Laporta, pero tampoco Xavier Sala i Martín, Rafa Yuste, Maria Elena Fort, Xavi Bagués y Josep-Ignasi Macià. Con todos ellos seguirá adelante el proceso, ya sea de forma favorable para el club o para los exdirectivos.

Está por ver cuál será el devenir de todos ellos, una vez se conozca el fallo de la Audiencia Provincial, que es donde todas las partes recurrieron la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 39 de Barcelona. La misma daba la razón a la actual directiva en su decisión de restar a las cuentas de la junta saliente los ingresos que se anotó por la venta de una parcela en Sant Joan Despí que no estaba formalizada (14,6 millones), una prima de Mediapro que debía periodificarse (12 millones) y un juicio contra el jugador Raúl Baena (3,9 millones) que no se había ganado. También avaló que le cargaran la amortización de 8,2 millones de euros por el traspaso de Henry a coste cero.

Lo que no aceptó el juez José Manuel Martínez Borrego es que se cargara a los anteriores gestores la depreciación de 11,5 millones a los terrenos de Viladecans (Barcelona). El juez consideraba probado que la pérdida de valor de este activo respondía a la decisión de los actuales directivos de enterrar ese proyecto. Tampoco avala que se provisionaran 3,25 millones por el riesgo de impago de un premio por el concurso de acreedores de Mediapro, ya que entonces también debería haberse realizado lo mismo con el contrato de derechos audiovisuales (140 millones al año). “O era razonable provisionar todas esas cantidades, o no era razonable provisionar ninguna”, sentenciaba.

Pero la clave de todo este juicio, y lo que realmente salvó a Laporta y sus directivos de pagar, es un error de la defensa del FC Barcelona en el proceso. El juez decidió no tener en cuenta la provisión de 37,8 millones por el litigio de Sogecable para calcular los números rojos del último año del laportismo. La junta actual desveló durante el juicio que con posterioridad a la reformulación de cuentas se alcanzaron pactos con el operador, entonces ya en manos de Prisa, para rebajar la cifra a pagar con la compensación de saldos pendientes de pago entre las dos partes. Martínez Borrego considera que no quedó “debidamente justificado” el impacto de esas transacciones en la provisión que Rosell cargó a sus sucesores, y por lo tanto no la tiene en cuenta para emitir su fallo.